 El Mundo / Su Vivienda - Al Gobierno le costó verbalizar la palabra crisis, pero desde que a José Luis Rodríguez Zapatero se le escapó el vocablo en un programa de televisión su equipo se ha afanado en la búsqueda de medidas para paliar sus efectos, muchos de ellos directamente relacionados con el sector inmobiliario.
La última de las iniciativas la adelantó el propio presidente el miércoles en el Congreso de los Diputados: el Ejecutivo diseñará una nueva línea de préstamos procedentes de las arcas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por valor de 3.000 millones de euros, para las empresas que promuevan casas en alquiler, que se suman a los 10.000 millones comprometidos para financiar viviendas de protección oficial (VPO).
El sector, que durante meses escuchó de la Administración el mensaje de que debía autorregularse solo, cree que las disposiciones, en general, van por el buen camino, pero que algunas son insuficientes.
1. Línea de avales del ICO. Las promotoras consideran que esta medida permite paliar las dificultades para encontrar financiación a las que se enfrentan aunque sólo en parte, «puesto que el grueso del problema radica en la promoción de vivienda libre». «Es bienvenida, pero insuficiente».
2. Compra de suelo privado para hacer VPO por valor de 300 millones de euros. Según el sentir de algunos directivos, este tipo de iniciativas no deja de ser positivo, «si bien puede que no responda al objetivo buscado de impulsar la actividad de las compañías del sector». Jesús Martín de Prado, presidente de Larcovi, aplaude la idea aunque considera que «la cifra anunciada no debería ser tenida en cuenta como una cantidad cerrada».
3. Regulación de la figura de alquiler con opción a compra. Fuentes inmobiliarias convienen en que esta fórmula «puede suponer un alivio para la carga financiera que han de soportar las familias y les puede dar el margen temporal necesario para que vengan circunstancias más favorables con las que acceder a un crédito que les permita financiar la adquisición de una vivienda».
4. Fomentar la cesión de suelos públicos en derecho de superficie para construir viviendas en alquiler. Algunas voces del sector pronostican la escasa incidencia que tendrán las políticas de fomento del arrendamiento dada la escasa demanda de este tipo de casas. «Con esto no se solucionan los problemas derivados del exceso de oferta existente en el mercado», afirman. Martín de Prado, en cambio, califica la propuesta de «positiva y necesaria».
5. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la de Arrendamientos Urbanos. «Es una vieja reivindicación de los promotores con la que se conseguiría abaratar los trámites para desahuciar a inquilinos morosos y evitar prácticas fraudulentas que se han hecho tristemente famosas en el mercado de alquiler. Si con ello se obtuviesen las garantías necesarias para poner viviendas en renta se beneficiaría todo el sector, también los promotores como gestores de un parque importante de vivienda en arrendamiento», pronostican en una importante promotora inmobiliaria.
6. Ampliación del plazo de amortización de las hipotecas. En el sector consideran que iniciativas como ésta «deberían ser modelos a explorar por el regulador que, como es lógico, impondrá sus limitaciones». Para el presidente de Larcovi es «muy conveniente, pero difícil en la coyuntura actual». |
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